Defender la vida, la familia y la fe no es un crimen contra Europa: es la semilla de su futuro más humano y digno.
Estamos ante un momento crítico en Europa, según se repitió una y otra vez durante una reciente jornada celebrada en el Parlamento Europeo, donde un nutrido grupo de eurodiputados progresistas, activistas, académicos y lobbies internacionales se reunieron para presentar el informe Next Wave. Lo que allí se dijo, sin tapujos, dibuja el mapa de un proyecto que va mucho más allá de una simple defensa progre de los «derechos sexuales y reproductivos»: se trata de un intento metódico de desmantelar toda resistencia social y política a la ideología de género y al aborto, con un ataque directo contra gobiernos conservadores, instituciones católicas y organizaciones solidarias provida.
A lo largo de casi cuatro horas, se construyó un relato donde los enemigos estaban perfectamente identificados: la Iglesia católica (a la que se acusó de ser el principal vector del «conservadurismo social doctrinal»), los gobiernos de países como Hungría y Polonia, y fundaciones que prestan ayuda directa a mujeres embarazadas en situación de riesgo o exclusión social.
El nuevo pecado en Europa: amar la vida y la familia
Neil Datta, director ejecutivo del European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights, presentó datos que, según él, deberían alarmar a la eurocámara: en los últimos cinco años se habrían invertido 1.180 millones de dólares en lo que llamó «activismo antigénero» en Europa, procedente en su mayoría de donaciones privadas, y también de fondos públicos nacionales (un 14%).
Pero lo que se mostró como una oscura conspiración resulta, visto desde otra óptica, una saludable muestra de pluralidad democrática: miles de ciudadanos, empresas medianas y pequeñas fundaciones que destinan dinero a proyectos que consideran vitales, como la defensa del no nacido, el apoyo a madres en riesgo o la libertad educativa.
Lo mismo ocurrió con las denominadas “CHONGOs” (ONGs organizadas por la Iglesia). Durante la ponencia, se cargó contra estas instituciones por el simple hecho de que algunas diócesis o conferencias episcopales hayan impulsado asociaciones civiles para extender su labor de caridad y acompañamiento familiar. Se olvidaron de mencionar que gracias a esas entidades miles de niños reciben alimentos, mujeres encuentran asilo seguro lejos de un entorno violento, o familias acceden a terapias que de otro modo serían imposibles de costear.
Hungría, el enemigo a abatir
El informe dedicó un espacio destacado a denunciar el papel de Hungría, gobernada por Viktor Orbán, como supuesto epicentro de la financiación “antigénero”. Se criticó con dureza que el gobierno húngaro canalice parte de su presupuesto hacia fundaciones que apoyan el matrimonio entre hombre y mujer, políticas de natalidad y think tanks que difunden una visión antropológica basada en el derecho natural y la familia tradicional.
Se mostró, casi con tono de escándalo, que desde Hungría se financien conferencias como la CPAC en Budapest o redes como Political Network for Values, y que existan programas específicos del gobierno, como Hungary Helps, para exportar una visión familiarista y provida a países africanos.
Pero ¿es ilegítimo que un gobierno elegido democráticamente apoye iniciativas que considera en consonancia con su cultura y principios? Para los ponentes, sí. Se llegó a decir que Hungría constituye un ejemplo de «captura institucional», donde el Estado se ha convertido en un «actor antigénero en sí mismo».
Y se pasó de allí a construir un relato geopolítico inquietante: se equiparó la Hungría de Orbán con la Rusia de Putin, advirtiendo de la amenaza que supone una convergencia entre el conservadurismo europeo y el autoritarismo ruso, sin matizar que el gobierno húngaro es miembro pleno de la UE y sujeto a todas las normas comunitarias.
La Iglesia, bajo sospecha constante
No faltaron tampoco acusaciones directas a la Iglesia católica, a la ortodoxia oriental y a los protestantes tradicionales. El informe, presentado por Datta, David Paternot y varios eurodiputados de Los Verdes y la izquierda, lamentó el «creciente conservadurismo social doctrinal» de las jerarquías eclesiásticas y su «llamado cada vez más explícito a la participación política».
Se habló de la «jerarquía religiosa como amenaza a los derechos fundamentales», y se criticó que existan iniciativas educativas que ofrezcan programas de sexualidad basados en la abstinencia y la responsabilidad afectiva, tachándolos de «encubiertos» y «peligrosos».
El derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones quedó retratado como un riesgo para la democracia.
En su retórica, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones quedó retratado como un riesgo para la democracia. En un ejercicio de manipulación conceptual, una dinámica lúdica expuso como «sospechoso» el mismo principio consagrado en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».
El discurso de la diputada Alexandra Gies fue elocuente: propuso reapropiarse de los términos «dignidad humana» y «libertad de expresión», para impedir que sean usados por quienes se oponen al aborto o a la ideología de género, porque —según sus palabras— así se impide que «las mujeres abandonen las redes sociales por miedo al odio». Se llegó incluso a insinuar que la objeción de conciencia médica o la libertad de los padres son disfraces del «odio».
Un proyecto nuevo para Europa: desarmar, desbancar y desmonetizar
Quizá lo más revelador del encuentro fue el cierre de Neil Datta, quien resumió su plan en una fórmula contundente: Descubrir quiénes son y cómo operan estos movimientos. Desarmarlos, es decir, quitarles influencia institucional. Desbancarlos, expulsarlos de los espacios de poder. Desmonetizarlos, cortando tanto la financiación pública como los canales privados de apoyo. Y defender a quienes defienden los «derechos sexuales y reproductivos», consolidando así un espacio único de discurso aceptable.
Se trató, por tanto, de algo muy distinto a un seminario técnico. Fue un auténtico programa de ingeniería social, orientado a neutralizar todo atisbo de oposición cultural o política a la agenda progresista hegemónica. Y en ese contexto, la caridad cristiana, la objeción de conciencia, el derecho a la vida desde la concepción, la protección de la infancia frente a contenidos hipersexualizados, el matrimonio abierto a la vida y la subsidiariedad familiar aparecen como obstáculos que deben ser «desmontados».
Reflexión final: permanecer de pie
Creo que Europa necesita familias fuertes, más fe y más conciencia del valor único de cada vida humana. Donde la Iglesia pueda seguir anunciando su mensaje de esperanza, donde iniciativas como Fundación Madrina puedan seguir ayudando a madres jóvenes, a familias numerosas o a migrantes sin ser estigmatizadas como «antiderechos».
Los verdaderos totalitarismos del siglo XX empezaron construyendo listas negras y etiquetando al adversario como enemigo del progreso. Estos lobbys pro-aborto parece que quieren repetir la historia. Defender la vida, la familia y la fe no es un crimen contra Europa: es la semilla de su futuro más humano y digno.
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