En Bruselas, los burócratas están orgullosos. El Informe 2025 sobre Igualdad de Género en la Unión Europea, elaborado por la Comisión Europea y sus múltiples agencias, representa —según sus propios términos— un «paso decisivo» hacia la «Unión de la Igualdad». Cifras, directivas y estrategias se suceden en un documento técnico y voluminoso, donde se detallan decenas de proyectos, marcos legislativos, campañas educativas y cuotas. Sobre el papel, la Europa cada vez más federalizada.
Al leer con atención, y sobre todo al contraponer sus páginas a la realidad que viven muchas mujeres en el continente, cobra fuerza la voz de quienes, como la eurodiputada de VOX Margarita de la Pisa, denuncian la desconexión entre la retórica institucional y los problemas auténticos de las mujeres. Sus palabras resuenan como un aldabonazo de sensatez: «Este documento tiene una profunda desconexión con la realidad que viven muchas mujeres en Europa. Se presentan como logros las cuotas obligatorias, las campañas de estereotipos y las directrices sobre lenguaje y ‘transversalización de género’. Pero la pregunta es simple: ¿Responde este informe a las necesidades reales y urgentes de las mujeres europeas?»
A la luz del propio informe, la respuesta parece inclinarse peligrosamente hacia el no.
La agenda ideológica de la UE: más ingeniería social que libertad real
El documento exhibe sin pudor su orientación. Bajo el paraguas del European Gender Equality Strategy 2020-2025, se despliega un plan decidido a reconfigurar la sociedad en clave de género, cuestionando los roles naturales, la familia y la maternidad. No se trata solo de garantizar iguales derechos —un principio justo y necesario—, sino de moldear cultural y legislativamente un nuevo modelo de mujer, hombre y familia.
El informe insiste en la «transversalización de género» en todas las políticas públicas: salud, educación, economía, acción exterior e incluso en los presupuestos de la Unión. Se crean indicadores como el Female Achievement Index (FemAI) y el Female Disadvantage Index (FemDI) para monitorizar el cumplimiento de objetivos ideológicos en todas las regiones. Incluso el gasto público se revisa bajo esta óptica, con partidas específicas en el presupuesto comunitario sujetas a criterios de género.
Así lo admiten abiertamente:
«Gender mainstreaming in the EU budget aims to ensure that gender equality is taken into account at all stages of the budgetary process…(La integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE pretende garantizar que la igualdad de género se tenga en cuenta en todas las fases del proceso presupuestario…)» Informe 2025, pág. 61.
Al leer entre líneas, el mensaje implícito resulta claro y preocupante: La maternidad es un obstáculo, un factor de desigualdad a corregir mediante incentivos para que las mujeres trabajen a tiempo completo y deleguen el cuidado de sus hijos en estructuras estatales. No en vano, se celebra la reducción del «gender care gap» y se impulsan medidas fiscales y educativas para equiparar los modelos de vida femeninos a los masculinos.
La familia tradicional es un rezago del pasado, pues se promueve un concepto difuso de hogares «diversos» donde el matrimonio estable se relativiza, y el compromiso mutuo hombre-mujer es percibido como una atadura cultural. El rol masculino debe ser revisado o «deconstruido», con programas escolares y campañas dirigidas especialmente a niños y adolescentes varones para «corregir» su masculinidad tradicional, presentándola como fuente de violencia.
¿Qué pasa con la seguridad de las mujeres?
El informe dedica más de 50 páginas a hablar de violencia doméstica, acoso sexual y ciber-violencia. Se detallan estadísticas que son, sin duda, estremecedoras: 1 de cada 3 mujeres en Europa ha sufrido violencia física o sexual en su vida adulta, y 1 de cada 5 ha sido agredida por su pareja. Se promulgan directivas pioneras, como la Directiva (EU) 2024/1385, que obliga a los Estados miembros a tipificar como delitos específicos el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina y el ciberacoso.
Pero hay un silencio clamoroso. En ningún momento el informe aborda el aumento de la inseguridad ciudadana, el delito común y la violencia urbana, fenómenos que golpean especialmente a mujeres en barrios vulnerables de grandes ciudades. ¿Cómo es posible que no se incluya una sola mención a la criminalidad provocada por la inmigración ilegal, a las violaciones perpetradas por desconocidos o a la falta de presencia policial disuasoria?
Prefiere enfocar toda su artillería conceptual en el «sexismo estructural», el lenguaje inclusivo o la presencia de mujeres en consejos de administración. Mientras tanto, como subraya Margarita de la Pisa:
«Mientras se diseñan estrategias de igualdad desde los despachos, en muchos barrios de Europa las mujeres tienen miedo. Y no miedo a los estereotipos, sino miedo a caminar solas, a volver tarde a casa, a ser agredidas o acosadas en espacios públicos donde la inseguridad crece y el Estado de derecho se retira.»
La mutilación genital femenina y el silencio cultural
Europa gasta millones en campañas para desmontar «micromachismos», pero carece del valor para confrontar tradiciones atávicas que mutilan el cuerpo y el alma de niñas vulnerables, amparadas muchas veces en un multiculturalismo mal entendido que calla por no «ofender».
En uno de los pasajes del informe se expone que la mutilación genital femenina sigue produciéndose dentro del territorio europeo, reconocida y perseguida como delito. Pero el texto la aborda con un tecnicismo que asusta, evitando mencionar su dimensión cultural o su vínculo con la inmigración descontrolada que ha permitido que estas prácticas se implanten en suelo europeo.
Así se diluye la responsabilidad política. Se financian proyectos para «sensibilizar» y «capacitar comunidades», pero se elude nombrar las raíces culturales de estas violaciones masivas de los derechos humanos. Margarita lanza la pregunta incómoda: «¿Dónde está el coraje político para llamarlo por su nombre?»
¿Dónde queda la libertad de expresión?
Quizá el aspecto más alarmante del informe sea el modo en que se extiende la presión para que toda la sociedad —medios, empresas, instituciones educativas— adhiera a esta visión ideológica sin matices. Bajo el pretexto de erradicar la «ciber-violencia de género», el informe promueve códigos de conducta en plataformas digitales, monitorización activa de contenidos y campañas contra estereotipos que, en la práctica, derivan en censura.
De hecho, se exige a las grandes plataformas cumplir con el Digital Services Act (DSA), que las obliga a identificar y suprimir «contenidos discriminatorios» o «discursos de odio» sin definir claramente los límites entre el legítimo debate y el delito. Se señala incluso como prioritario actuar contra el «gendered disinformation» y la «diseminación de contenidos que perpetúan estereotipos».
El riesgo es evidente: la libertad de expresión se sacrifica en nombre de una igualdad convertida en dogma, donde discrepar de la agenda oficial puede equivaler a incitar al odio. Opiniones legítimas que defienden el valor de la maternidad, el hogar o el rol protector del hombre corren el peligro de ser silenciadas.
Libertad, respeto y verdad
La igualdad auténtica no se construye contra la naturaleza ni contra la libertad individual. No necesita ser impuesta con cuotas, ni alimentada con censuras que dicten a las mujeres cómo deben sentirse realizadas.
La verdadera igualdad florece cuando cada mujer puede caminar sin miedo por las calles de su barrio, sin temer a un agresor —sea un criminal común o una estructura cultural importada—. Cuando puede elegir volcarse en su carrera, en su familia o en ambos, sin que ninguna institución la empuje ni la ridiculice. Cuando el Estado protege su dignidad sin pretender remodelar su feminidad ni caricaturizar la masculinidad de su esposo, padre o hijo.
Quizá haya llegado el momento de que Europa escuche más a esas mujeres que sostienen la sociedad con su amor y su valentía, y menos a burócratas que las reducen a cifras y consignas.
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