La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, competencia de la ONU, es un órgano intergubernamental dedicado a la «promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el mundo».
El pasado 19 de abril El Consejo Económico y Social (ECOSOC), formado por 54 países, entre los que se encuentra España, aprobó la incorporación de Arabia Saudí en dicha comisión que tendrá la misión de velar y ampliar los derechos de la mujer durante los próximos años, en concreto hasta el año 2022, junto con otras incorporaciones como Argelia, Comoras, Ghana, Kenia, Iraq, Japón, Corea del Sur, Turkmenistán, Ecuador, Haití y Nicaragua, países igualmente incorporados.
Fue elegido en una votación secreta, con 47 votos, coincidiendo el número de plazas disponibles con la cantidad de nominados y posibilitando así su entrada, incluso aunque hubiera tenido un solo voto y a pesar de todo un historial de razones en contra de esta decisión.
Los mecanismos para esta elección, deberían ser selectivos, en base a criterios objetivos y claros, en caso contrario todo pierde valor y confianza, e incluso sentido. ¿Cómo va a defender los derechos de la mujer un país que incumple sistemáticamente y amparado por la ley dichos derechos?.
Entre los temas en los que tendrá derecho a opinar y decidir, gracias a esta votación, están la discriminación contra la mujer, la igualdad de participación en los asuntos públicos y políticos. Participará en grupos de trabajo sobre cuestiones relacionadas con la discriminación de la mujer, no sólo en la legislación, sino en la práctica, a pesar de ser un país donde cada mujer debe tener un tutor masculino que tome las decisiones en su nombre, donde las viudas están destinadas a pedir limosna por la calle ya que “se convierten en nadie”, y donde simplemente la mujer no puede conducir.
Será Relator especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, teniendo en objetivo de eliminar todas las formas de violencia contra la misma, buscando la igualdad de la mujer no sólo en el derecho sino en la vida real.
Condición indispensable para que el próximo año ejerciera su labor como parte de esta comisión debería ser la exigencia de la anulación de todas estas prácticas y adecuación de las leyes de igualdad por dicho Estado, y en caso de no darse esta situación, debería dejar de formar parte de dicho comité.
A pesar de su supuesta modernidad, estas leyes siguen siendo leyes, y las acciones que intentan demostrar el cambio exterior se quedan en fachada. Por ejemplo, el pasado marzo se mostraron imágenes del primer Consejo para Niñas del país donde sólo aparecían 12 hombres, aludiendo a que las mujeres estaban en otra habitación (siempre están en otra habitación, escondidas), además de la circunstancia, unos días antes, de que el portavoz del Día de la Mujer, también fue un hombre.
Mucho tendría que cambiar este país y en muy poco tiempo para que las decisiones de este Consejo, y en última instancia, de la ONU, no sean cuestionables y pierdan su autoridad moral, porque su incongruencia ya la ha demostrado.
La indignación de algunas mujeres no se ha hecho esperar y hay mensajes de mujeres saudíes en las redes que muestran sentimientos de traición. Así como tampoco se ha hecho esperar las contundente indignación de Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, una ONG que se encarga de monitorizar los trabajos de la ONU, quién definió esta decisión como absurda “elegir a Arabia Saudita para proteger los derechos de las mujeres es como hacer a un pirómano jefe de bomberos de la ciudad”.
Denunció que “la discriminación de Arabia Saudita contra la mujer es grave y sistemática, tanto en la ley como en la práctica”.
”La mujer debe tener un tutor masculino que tome todas las decisiones crítica en su nombre, controlando la vida de una mujer desde su nacimiento hasta su muerte”, añadía como práctica real y legal de actuar en este país.
Esta incorporación no hace más que cuestionar el verdadero sentido de esta institución y su fiabilidad, ya que el incumplimiento de algo tan básico como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley no puede pasarse por alto y su papel debería estar al otro lado de la mesa.
Fuente: The Jerusalem Post, foto El País
¿Qué te pareció este artículo? Deja tu opinión: