En Estrasburgo, la ciudad que ha sido escenario de acuerdos históricos y también de profundas rupturas, se presentó hace pocas semanas uno de los estudios ciudadanos más reveladores que haya circulado en el Parlamento Europeo. No fue un informe técnico más, ni una presentación burocrática; fue, en cierto sentido, un acto de restitución de la palabra. Me refiero al Cuestionario Cívico Europeo, titulado con intención provocadora Bruselas vs Libertad de Expresión.
Más allá de los números (que son elocuentes por sí solos), este estudio constituye un verdadero manifiesto civil de más de catorce mil europeos que, desde sus distintos rincones del continente, se unieron para decir con claridad algo que las instituciones europeas parecen haber olvidado: que hablar no es solo un derecho, sino una necesidad espiritual, y que el silencio impuesto (aunque sea por medios digitales, mediáticos o políticos) es siempre un síntoma de enfermedad democrática.
El documento recoge la percepción de 14.610 ciudadanos provenientes de 27 países, y se construyó como respuesta a una consulta previa realizada por la Comisión Europea sobre el estado de la democracia y la libertad en la Unión. Sin embargo, este nuevo estudio no sólo duplicó el nivel de detalle de la consulta original, sino que triplicó su participación, y lo hizo en apenas un tercio del tiempo. Este dato, aparentemente técnico, encierra un mensaje profundo: cuando se ofrece un espacio genuino de escucha, la ciudadanía responde. Lo que parece faltar no es interés ciudadano, sino canales reales donde esa ciudadanía sea tomada en serio.
Desde una de las salas del Parlamento Europeo, donde tuve además el privilegio de moderar el debate que acompañó la presentación del estudio, junto a un grupo de jóvenes creadores de opinión independientes (que ejercen su vocación sin subvenciones, sin redes de protección política y con la sola fuerza de su amor por la verdad), comprendí que esta encuesta no era un simple ejercicio estadístico, sino una señal ética y cultural de primer orden.
El malestar que recorre las páginas del informe no es retórico, ni teórico. Se manifiesta, ante todo, en una experiencia compartida de exclusión. Los ciudadanos, en un porcentaje superior al 93%, declaran sentir que no poseen medios reales para influir en las decisiones políticas que afectan sus vidas. Esa sensación se intensifica cuando se trata de la representación en medios de comunicación, donde el 91,5% considera que los partidos fuera del eje político tradicional no reciben un trato imparcial. Esta percepción de marginación se traduce en un clamor que no se dirige únicamente a Bruselas, sino a toda la arquitectura institucional de la Unión Europea: se exige pluralismo, no solo en las ideas, sino en la estructura del poder, en el acceso a la palabra, en la forma de narrar los hechos.
Los ciudadanos, en un porcentaje superior al 93%, declaran sentir que no poseen medios reales para influir en las decisiones políticas que afectan sus vidas.
El núcleo de este malestar es, sin duda, la libertad de expresión. Más del 90% de los participantes en el estudio cree que este derecho fundamental está hoy más amenazado que hace diez años. Refleja una realidad que se palpa en el día a día de muchas personas que sienten que ciertas ideas no pueden ser pronunciadas sin represalias, que determinados valores culturales o morales han sido expulsados del debate público, o que la opinión disidente (si no se alinea con los consensos establecidos) es descartada de antemano como discurso de odio, extremismo o ignorancia. Esta tendencia, que en otros contextos históricos ha sido señal de fragilidad institucional, hoy se presenta como una forma de sofisticada corrección ideológica, amparada incluso en el lenguaje de los derechos. Pero la paradoja es evidente: en nombre de proteger la democracia, se restringe su base esencial, que es la palabra libertad.
Este conflicto se manifiesta también en el ámbito digital. El 82,3% de los encuestados afirma que la regulación actual de internet y las plataformas digitales está limitando el debate democrático. La percepción sobre los llamados verificadores de hechos es aún más crítica: un 83,1% los ve como herramientas sesgadas, al servicio de una narrativa ideológica. Incluso el uso de inteligencia artificial (presentado a menudo como solución técnica a los conflictos de opinión) es recibido con escepticismo. El 76,6% cree que su aplicación para moderar contenido político debe estar estrictamente limitada. Frente a este panorama, las redes sociales emergen como un espacio contradictorio, pero aún valioso: dos tercios de los ciudadanos las perciben como uno de los últimos lugares donde todavía se puede ejercer la libertad de opinión.
En cuanto a los países, los datos recogidos revelan matices que no pueden pasarse por alto. España, por ejemplo, figura como uno de los países más representados, después de Portugal, y antes que naciones de mayor peso demográfico como Francia o Alemania. Casi 600 españoles participaron en la encuesta. En las preguntas abiertas, sus respuestas muestran un perfil especialmente elocuente. Cuando se les pidió que nombraran las principales amenazas a la democracia, las palabras más citadas fueron inmigración, censura, Agenda 2030, libertad y Unión Europea. Y cuando se les preguntó qué cambiarían del funcionamiento institucional, las más repetidas fueron Comisión, ciudadanía, soberanía, democracia y Unión Europea. No es difícil advertir el mensaje: el proyecto europeo, tal como se presenta hoy, se percibe desde España como una estructura que ha dejado de escuchar, que ha convertido la gestión en ideología, y que ha sustituido el diálogo por directivas que afectan la vida cultural, educativa y política de los pueblos sin darles voz.
Otro dato que merece reflexión es el relativo a la soberanía nacional. Para el 95,9% de los ciudadanos europeos, la Unión Europea debe respetar la soberanía cultural y educativa de sus Estados miembros. No se trata aquí de un deseo de aislamiento, sino de una necesidad de autenticidad. Europa sólo puede ser una comunidad política viva si reconoce que no es una unidad monolítica, sino una constelación de historias, tradiciones, lenguas, valores y religión cristiana, que no pueden ser reducidos a fórmulas únicas. Imponer una visión homogénea desde las instituciones, sin consideración por las raíces y sensibilidades de cada nación, no solo es un error político: es una injusticia cultural. La diversidad no es una amenaza para Europa. Es su esencia.
La diversidad no es una amenaza para Europa. Es su esencia.
Dentro del mismo estudio, también se analizan las diferencias entre regiones y generaciones. Los ciudadanos de Europa del Este, por ejemplo, se manifiestan como los más críticos, especialmente en relación a la censura y a la pérdida de soberanía. Los países del Norte, por su parte, son más severos en sus juicios sobre la exclusión política. En cambio, los países del Sur, entre ellos España, aunque comparten muchas de estas preocupaciones, tienden a expresarlas con algo más de moderación. En cuanto a los grupos etarios, son los ciudadanos de entre 50 y 64 años quienes expresan la mayor desconfianza, seguidos por los adultos jóvenes y los menores de 34. Los mayores de 65 años, quizá por memoria histórica o por otros factores, son quienes se muestran más conciliadores. También es interesante notar la diferencia entre hombres y mujeres: los primeros tienden a respuestas críticas, mientras que las mujeres (aunque menos numerosas en la muestra) presentan un perfil más equilibrado, pero igualmente firme en cuanto a la necesidad de pluralismo, representación real y respeto a la libertad.
El informe concluye con una frase que debería resonar en todas las sedes institucionales de Europa: el problema ya no es saber qué piensan los ciudadanos, sino si Europa está dispuesta a escucharlos. Esa frase condensa, en su aparente simplicidad, una advertencia civilizatoria. No hay democracia sin representación. No hay representación sin escucha. Y no hay escucha si se ha perdido el respeto por la verdad que el otro porta, incluso cuando esa verdad es incómoda.
El derecho a decir y el deber de escuchar no son enemigos. Son las dos alas de la misma libertad. Y sin libertad, Europa no es más que una sombra de lo que fue y de lo que aún puede llegar a ser.
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