Comienza un nuevo año judicial, esta vez sin Gobierno, lo cual es completamente irrelevante porque si observan los antecedentes de las últimas legislaturas, poco o nada se ha hecho por la Justicia, ni desde las Cortes, ni desde los Gobiernos de la nación. Incluso con un ministerio en exclusiva, y en esta total desatención, el Poder Judicial no ha defendido su parcela en cuanto a su independencia, lo cual supone una quiebra del sistema.
El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de la judicatura, se nombra por políticos que realizan una selección de jueces y «juristas de reconocido prestigio», los primeros sabemos que lo son, los segundos no tanto, ya que eso del prestigio a género de las credenciales de algún que otro candidato, no parece muy objetivo, en otro artículo profundizaremos en ello.
El menoscabo de la imparcialidad comienza en el método de nombramiento, porque la independencia gira de inicio a la derecha, a la izquierda, o vete a saber dónde, y con ello pierde completamente su función, su garantía y su esencia.
Algunos jueces han colgado temporalmente su toga para dedicarse a la política y, algunos diputados no jueces han resultado nombrados magistrados del Tribunal Constitucional. Lo primero es lógico, lo segundo es un atentado a la democracia. Que un juez cuelgue la toga y ostente otro cargo público por vía política es razonable hasta cierto punto, que es precisamente su reincorporación a la judicatura, que debería prohibirse, y ello porque la política suele configurar peajes, favores y beneplácitos, con lo que una vez que se cuelga la toga para estos menesteres, debería perderse para siempre, al menos para volver a impartir justicia.
¿Juez o político?
El juez es juez hasta que accede a la política ya que en este ámbito pierde independencia, y aunque pretenda volver a recuperarla con su reingreso, resulta utópico dado que el justiciable verá un juez con logo, el cual ya lleva de serie el Magistrado del Constitucional que viene desde las Cortes.
En el primer caso el salto no debería tener retorno, el segundo es un auténtico fraude al ciudadano, porque quien acaba decidiendo sobre un derecho fundamental, que puede ser de dignidad y vida es alguien de imparcialidad dudosa, precisamente por su antecedente político.
La falta de independencia adquiere su máxima expresión cuando el debate jurídico deja de fundarse en Derecho, cuando se aparta la sana crítica y cuando se confluyen elementos subjetivos. En las resoluciones más aberrantes, sobre todo en temas mediáticos o con intereses varios más allá de lo justo, se pueden dar cita tres partes: la política, la judicatura y la prensa.
La primera nombra, la segunda dispone y modula, y la tercera (al servicio de la primera), lo cuenta, cerrando un círculo que puede resultar demoledor para quien demanda o defiende lo justo y en su lugar puede encontrar la muerte civil, todos conocemos algún caso.
¿Cuándo se pierde independencia?
Cuando la independencia se transforma en injerencia, la justicia deja de ser justicia y el Estado deja de ser democrático. La solución es dejar a un lado la apariencia y sentar las bases, con propuestas firmes, con denuncias públicas desde cualquier vertiente y con hechos ciertos, no es suficiente citar reiteradamente normas que no se cumplen.
Traigo a colación el libro titulado «¡Al abordaje! Asalto a la Justicia. Jueces y política: amistades peligrosas» del Magistrado D. Luis Alfredo de Diego Díez. Su dedicatoria es una síntesis total del problema.
«A los jueces independientes, libres de carga y servidumbres políticas, a los otros no…»
Cuando el río suena…
Publicado inicialmente en: Reino de Valencia
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